A casi dos meses desde que el gobierno de Gabriel Boric anunciara la presentación del proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el nuevo Sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), las críticas siguen siendo más relevantes que nunca.
Daniel Rodríguez, Director Ejecutivo de Acción Educar y constante columnista en temas de Educación Superior, enfocó su nuevo análisis crítico en la propuesta de condonación parcial de las deudas, la cual está vinculada a un sistema de cobranza que “será impecable en su eficiencia para cobrarle a los deudores del CAE, según se puede deducir del informe financiero del proyecto“.
“El Gobierno estima cobrarles a los deudores del CAE algo así como 150 millones de dólares al año. En otras palabras, es claro que, en este aspecto, este es un proyecto de cobranza, con condonación“, explicó Rodríguez, complementando que puede ser que en la interna del Gobierno no compartan esta solución, ya que la promesa de campaña fue derechamente la condonación universal.
Sobre los errores del proyecto FES, Daniel Rodríguez señaló que el principal problema radica en financiar promesas públicas, como la condonación de deudas, utilizando los recursos de las instituciones de educación superior. Esto implica que a las universidades gratuitas se les prohíba cobrar a los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9, mientras que a las universidades no gratuitas se les impide realizar un cobro completo, excepto a los estudiantes más ricos.
“Esto lo hace expandiendo la fijación de aranceles y vacantes a todo el sistema, por lo que el presente y futuro del mismo queda bajo control de actos administrativos, que a la fecha han sido cuestionados por la arbitrariedad de la Subsecretaría de Educación Superior“, complementó Rodríguez, agregando que esta situación dejaría a las instituciones con menos ingresos estimados de 1.300 millones de dólares al año.
Ante esta situación, el analista de la educación en Chile advirtió que, según la perspectiva crítica de varios rectores de universidades a lo largo del país, esto podría poner en riesgo la carrera académica en Chile. La principal preocupación radica en la falta de claridad sobre cómo se financiarán los sueldos y las investigaciones de los profesores con doctorado, entre otros aspectos.
“El nuevo sistema es, para cualquier persona con criterio, un impuesto a los graduados beneficiados. Quienes lo usen deberán pagar, por hasta 20 años, hasta un 8% de sus ingresos, incluyendo todo, no solamente los labores“, cuestionó Rodríguez.
Finalmente, el Director Ejecutivo de Acción Educar detalló que este impuesto tiene un tramo exento y que no se pagará, eventualmente, si no hay ingresos, pero será aplicado y fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, quienes trabajan aportarán dinero para un fondo de reparto que pagará las carreras de quienes no trabajen. Tal como lo describe Rodríguez, hablamos de “la vieja idea del impuesto al trabajo, el reparto y la solidaridad forzada“.
En resumen, la principal crítica se centra en el impacto económico que supondría una eventual aprobación del proyecto FES. Esto se debe a la significativa reducción de ingresos que afectaría la calidad del sistema y a la posible vulneración de su autonomía, al imponer la regulación de precios y vacantes en todo el sistema educativo.
