A menos de un mes de que comience la discusión parlamentaria por la Ley de Presupuesto 2025, donde se pretende incluir un eventual proyecto de condonación del CAE, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia emitieron una nueva edición del Informe de Resultados Monitoreo 2023.

En el informe se estudiaron un total de 689 programas, incluyendo tanto programas sociales como no sociales, los cuales tenían un presupuesto de recursos fiscales de US$40.000 millones, lo que equivale a una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) y prácticamente la mitad del gasto público total entre el gobierno central y los municipios.

La existencia de programas con bajas calificaciones y desempeños ha incrementado las objeciones en el parlamento en relación con la transferencia de entidades públicas a fundaciones. Por ello, se ha aumentado la evaluación específica de estos programas, sean sociales o no.

Cerca de US$23 millones están en observación por no existir criterios claros de priorización o porque no atienden al subconjunto de población al que deberían focalizarse. A esto se suman otros US$14.000 millones destinados a proyectos que fallaron en el reporte de gastos administrativos. Finalmente, hay casi US$10.000 millones que no contaban con indicadores para el seguimiento, lo cual impide saber si se cumplieron los logros definidos.

Según la coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad de Libertad y Desarrollo, Paulina Henoch, hay cinco ministerios que abarcan el 58% del total de programas con deficiencias detectadas: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Trabajo, Justicia, Interior y Desarrollo Social.

La evaluación se centra en la forma en que se organiza y gestiona el programa, sus resultados, los objetivos trazados y el diseño del programa. Por ejemplo, el Senda Previene, un programa enfocado en disminuir el consumo de alcohol y drogas, contempla una inversión de US$9,2 millones. Según Dipres, no se permitió identificar la existencia previa de una definición, cuantificación e identificación clara del problema público que Senda Previene desea abordar.

¿Qué sucede con los programas relacionados con educación? ¿Se habrán detectado falencias en el Ministerio de Educación?