Un informe categórico del Consejo de Rectores (Cruch) reveló que hasta el 31 de diciembre de 2023, 65 autoridades registraban deudas por créditos universitarios. En el extenso listado aparecen desde alcaldes hasta jueces, incluyendo concejales, gobernadores, diputados, seremis y delegados presidenciales, todos con al menos una cuota impaga.
Según información revelada por El Polígrafo (El Mercurio), 235 altos funcionarios públicos admitieron tener alguna deuda universitaria en sus declaraciones de patrimonio. De estas deudas, ocho corresponden al Crédito con Aval del Estado (CAE) y las restantes al Fondo Solidario del Cruch.
El promedio de dichas deudas bordea los $10 millones, siendo $69 millones la más alta, correspondiente a Mariana Díaz, relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, una vez publicado el informe, Díaz informó que había repactado los pagos a principios de este mes.
Es notable que los seremis de Educación estaban en el registro, justo cuando se debate en el Congreso un proyecto que busca reemplazar al CAE. Aunque reconocieron haber pagado sus deudas en los primeros días de junio, quienes estaban en la lista eran Alyson Hadad de O’Higgins con $300 mil, Juan Pablo Gerter de Los Ríos con $1.9 millones, Romina Maragaño de Valparaíso con $3.6 millones, Cecilia Ramírez de Coquimbo con $6.6 millones y Claudia Silva de Tarapacá con $9 millones.
Entre los delegados presidenciales, Anwar Farrán de Ñuble mantiene una deuda de $21 millones. Fabio López de O’Higgins registraba una morosidad de $1.3 millones, pero presentó un comprobante de pago en marzo de este año. Luciano Rivas de La Araucanía quedó al día tras cancelar una deuda de $3.6 millones, mientras que Krist Naranjo de Coquimbo aún adeuda $32 millones.
Sorprendentemente, los funcionarios judiciales no se quedan fuera de la lista. Son 11 jueces y tres relatores quienes registran una importante morosidad por deudas universitarias. Daniel Pizarro, concejal de San Carlos, debe $63 millones a la Universidad de Concepción.
Los alcaldes también están involucrados. Karina Delfino, de Quinta Normal, pagó los $2.3 millones que debía, mientras que Joel Olmos, de La Cisterna, también regularizó su morosidad de $20 millones. Abel Painefilo de Curarrehue, Aldo Retamal de Los Lagos y Alejandro Pedreros de Coelemu dicen haber pagado sus deudas de $30 millones, $1.7 millones y $21 millones, respectivamente.
Finalmente, el seremi de Agricultura de Tarapacá, Eduardo Justo Cruces, mantiene una deuda vigente de $19 millones. Por su parte, Mario Rivas, seremi de Medio Ambiente de Ñuble, pagó -según sus asesores de prensa- los $5.5 millones que debía.
