Durante los últimos días, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas ha comenzado la discusión sobre el nuevo proyecto FES, que propone dar término al Crédito con Aval del Estado, reemplazándolo por un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
Ante esto, rectores y rectoras de diferentes universidades han expresado su visión respecto a la influencia que tendrá en las casas de estudio, con evaluaciones tanto positivas como negativas, según los puntos de vista de cada análisis.
Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás, manifestó su preocupación por los efectos negativos que podrían derivarse de los nuevos aranceles regulados que propone el proyecto. “Pone limitaciones al tipo de proyecto educativo de cada universidad. Contar con menos recursos de alguna manera va a influir en el despliegue del proyecto educativo y la misión de las universidades. Es importante tener las reglas claras”, expresó.
Cristián Del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, puntualizó en la situación de los estudiantes en relación con los aranceles y la gratuidad, ya que “nosotros tenemos casi el 70% de estudiantes con gratuidad, entonces el número de estudiantes que nosotros tenemos con CAE es menor que lo que tienen otras universidades. Cambiarse al FES nos impactaría en términos absolutos de nuestros ingresos, y si ahora no me alcanza, menos me va a alcanzar después”.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, fue más categórico en su crítica al proyecto, expresando preocupación por los detalles del mismo. “Quiero ver cómo se implementa eso, cuánto le cuesta al Estado, cuáles van a ser los recursos que se van a poner ahí y que se va a dejar de poner en otros ámbitos de la educación. Quiero ver cuál es el impacto en las universidades, en las instituciones de educación superior, de esta propuesta”.
Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, no dudó en catalogar este proyecto como una “reforma tributaria mal disfrazada. Debilitará el financiamiento y eso repercute en la calidad”. Mientras que Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, anunció que “producirá severos daños al sistema, puesto que va a empobrecerlo, sin ninguna duda”.
Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, cree que la división que hay en el parlamento afectará en el desarrollo del proyecto, ya que “tenemos un Congreso extraordinariamente fragmentado y con una tendencia a la polarización muy evidente, lo que le hace pésimo al país, porque impide que se avance en la mejora de las políticas públicas. Esperaría que todos los actores podamos entregar nuestros argumentos, antecedentes y datos que permitan mejorar el proyecto“.
Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, valoró la presentación del proyecto, pero argumentó que el foco principal del escrito está enfocado únicamente en la demanda, y no en las instituciones de educación superior. “El financiamiento de la educación superior tiene que considerar no solamente la demanda y el acceso, sino también el resguardo y el desarrollo de las distintas instituciones, eso es fundamental”, sostuvo.
Julio Castro, rector de la Universidad Andrés Bello, enfatizó sus críticas hacia en proyecto por la eventual eliminación de becas, así como también criticó que las universidades privadas quedarán en desventaja en relación con las universidades estatales. “Al eliminar las becas, en su lugar se está entregando deuda, lo que obliga a las familias a endeudarse completamente, eliminando la posibilidad de financiar parcialmente la educación con recursos familiares. Vamos a depender del poder político para ver qué cosas se pueden hacer en el interior de la universidad“.
Eso sí, no todos los comentarios son negativos.
Benito Umaña Hermosilla, rector de la Universidad del BioBio, dijo que le resulta bastante razonable el proyecto FES, siempre y cuando se “dispongan recursos fiscales para financiar los estudios en centros privados, se fijen regulaciones que permitan asegurar buen uso y evitar abusos o eventuales vulneraciones a la ley. Nos parece positivo también que en el nuevo modelo de financiamiento se contemple cubrir un año adicional de estudios sobre la duración formal de las carreras“.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, explicó que, bajo su punto de vista, las universidades tendrán que entrar en una fase de regulación con aranceles más bajos, y por lo tanto, van a tener que “estructurar carreras más cortas, con procesos de rediseño de sus mallas curriculares y de procesos institucionales para adecuarse a este proceso. Es algo que está en implementación y, por lo tanto, las afectaciones que va a generar no tienen que ver con este proyecto de ley“.
Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago de Chile, catalogó el nuevo proyecto como un primer paso bastante importante, que permitirá, según dice, avanzar en dos cosas fundamentales. “Desahogar a miles de profesionales de este país que estudiaron con CAE y que por razones diversas no están pudiendo pagar. Lo segundo, que plantea una mirada de futuro, con el modelo FES, que el detalle lo vamos a conocer durante el día, en el proyecto de ley. Este proyecto es más amplio, que se inició hace ya varios años, pero hoy ha tomado forma más robusta“.
