La Corte de Apelaciones ordenó a la Tesorería General de la República devolver $10.000.000 a Román Carrasco, quien mantenía una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE). Carrasco, víctima de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet, había recibido una indemnización de $40.000.000 por los crímenes de lesa humanidad sufridos durante su detención política.

Cuando Carrasco se acercó a una entidad bancaria para cobrar la indemnización, descubrió que la Tesorería General de la República había retenido $10.000.000 debido a su deuda del CAE. Según informó El Desconcierto, el dinero se retuvo específicamente por “impuestos impagos y cuotas del crédito universitario”.

Ante esta situación, Román Carrasco presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando la devolución del dinero, argumentando que la indemnización estaba destinada a reparar un daño muy específico y no debía ser utilizada para saldar otras deudas.

Finalmente, en un fallo unánime, la Corte concluyó que la Tesorería no actuó de manera adecuada. Aunque la institución tiene la autoridad para retener fondos para el pago de deudas, en este caso particular el dinero retenido correspondía a una indemnización por violaciones a los derechos humanos, lo que justificaba su devolución a Carrasco.

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