El 26 de agosto del 2020, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, luego de una ardua lucha por parte de Deuda Educativa y Juan Pablo Rojas, entró en vigencia la Ley 21.214, más conocida como Chao Dicom. Esta normativa establece que no se podrá comunicar o informar ninguna deuda estudiantil adquirida en la educación formal en cualquiera de sus niveles. En este ítem también entra el Crédito Corfo, Fondo Solidario o Crédito con Aval del Estado.

En aquel entonces, la cantidad de personas que se encontraban en Dicom por temas de educación eran cerca de 300 mil, quienes ya fueron beneficiados con la puesta en marcha de la nueva normativa. Sin embargo, en ese momento, Juan Pablo Rojas dejó en claro que “es necesario que los deudores verifiquen esta información y realicen las reclamaciones correspondientes ante la misma comisión en su página web”.

Además, la Ley informó que “los responsables de los registros o banco de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere el artículo anterior deberán eliminar todos los datos relacionados con estas, en el plazo señalado anteriormente”.

La iniciativa, que en primera instancia fue impulsada por Defensa Educación tras varios años de lucha por parte de Juan Pablo Rojas, tiene como misión el impedir que la morosidad en el cumplimiento de deudas educativas pueda constituir un punto negativo en los antecedentes comerciales o financieros de una persona, que lo inhabiliten para acceder a otros tipos de créditos o beneficios económicos.

Sin embargo, se debe dejar en claro que con esta normativa no se pondrá fin a la situación morosa que pueda presentar un endeudado por educación. La normativa solo elimina el registro como deudor de Dicom y otros boletines de deudas, pero el déficit continuará. Esto quiere decir que el proceso de cobranza judicial seguirá activo.